LA PRESCRIPCION DE LAS DEUDAS Y LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

LA PRESCRIPCION DE LAS DEUDAS Y LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

A día de hoy, pocas son las personas o sociedades que no tengan una deuda,  y a pesar de encontrarnos en unos momentos de recuperación económica, son muchas las familias atrapadas por deudas .

¿Qué es una deuda?, pues no es ni más ni menos que la “obligación de pagar”. Uno de nuestros clientes, José de Córdoba, llegó a nuestro despacho con la siguiente pregunta ¿Pueden reclamarme mi antiguo casero una deuda de alquiler que no me reclama desde hace mas de 8 años? Y debemos responder a la pregunta con un rotundo NO, ya que la deuda estaría prescrita.

La prescripción se asienta en la necesidad de limitar el ejercicio de los derechos en aras al principio de seguridad jurídica y limita a quien tiene derecho a reclamar y no lo ha hecho durante un tiempo, ya que no es conveniente para la paz social que los derechos puedan ejercitarse transcurrido un dilatado lapso de tiempo, en cuanto que no es recomendable una prolongada incertidumbre jurídica y por ello el legislador ha entendido que es exigible una actividad diligente del titular del derecho a la hora de su ejercicio, ya que en otro caso, no cabe sino presumir su abandono.

La prescripción puede quedar interrumpida en el caso en que el acreedor reclame su crédito o el titular del derecho real pretenda ejercitarlo o hacerlo valer, volviendo a correr el plazo prescriptivo desde su inicio.

Los plazos de prescripción son muchas de las preguntas realizadas por nuestros clientes que abarcan muchos ámbitos de posibilidades, y que detallamos de la siguiente manera:

LA DEUDA HIPOTECARIA PRESCRIBE20 AÑOS
LA DEUDA CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL PRESCRIBE4 AÑOS
LA DEUDAS POR SUMINISTROS PRESCRIBE3 AÑOS
LA DEUDA POR ALQUILER PRESCRIBE5 AÑOS
LA DEUDA POR IMPAGO DE PENSION DE ALIMENTOS PRESCRIBE5 AÑOS
LA DEUDA CON LOS AYUNTAMIENTOS PRESCRIBE4 AÑOS
LA DEUDA POR LAS CUOTAS CON LAS COMUNIDADES DE VECINOS5 AÑOS
LA DEUDA CON LAS ASEGURADORAS5 AÑOS

 

En este post vamos a dar las claves sobre la Ley 25/2015, del 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Que activa un proceso administrativo que sirve de ayuda a particulares y autónomos para negociar con los acreedores.

Deudas de particulares y autónomos antes de la Ley

Anterior a esta Ley, en España solo existía la Ley Concursal , que amparaba solo a empresas con deuda pendiente y cuya situación pudiera hacer muy difícil su solvencia por las deudas contraídas En cambio la Ley de Segunda Oportunidad reconoce el derecho a reestructurar la deuda a particulares y pequeños empresarios, autónomos principalmente.

Particulares, autónomos y la Ley de Segunda Oportunidad

Regulado por la Ley 25/2015, de 28 de julio, consiste en un proceso administrativo que permite entrar en concurso a un particular siempre que cumpla determinados requisitos para, inicialmente, intentar llegar a un acuerdo de pago con los acreedores y en el caso de no conseguirlo solicitar la cancelación de la deuda ante un juez.

El objetivo de esta ley “no es otra que flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pago y promover un verdadero mecanismo de segunda oportunidad que permita a una persona física (particular o autónomo, principalmente) encarrilar nuevamente su vida, tras un fracaso económico, sin arrastrar una deuda que previsiblemente nunca podrá satisfacer.”

Aunque en España la Ley es aún una gran desconocida (en 2018 en Alemania se acogieron a esta Ley un 0,13% de la población, en Francia un 0,27%, en Gran Bretaña un 0,17% mientras que en España tan solo un 0,01% de la población) lo cierto es que anualmente se va incrementando este dato.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Podrá acogerse a esta Ley quien resulte deudor de buena fe, persona natural, física o autónomo si  no puede hacer frente a las deudas contraídas con sus  acreedores, al carecer de patrimonio o por ser éste insuficiente para cancelar la totalidad de la deuda, siempre que la deuda total no supere los 5 millones de euros.

La Ley dispone que sólo se admitirá la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho al deudor de buena fe, pero ¿cuándo concurre la buena fe del deudor? Se entenderá que el deudor es de buena fe siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Que el concurso no haya sido declarado culpable (por ejemplo: no solicitando la declaración de concurso de acreedores cuando existía obligación legal, infringir el deber de colaboración, no facilitar información precisa para el interés del concurso). No obstante, de ser declarado el concurso, el Juez podrá conceder la exoneración de pasivo satisfecho cuando no aprecie dolo o culpa grave.

  • Que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en un plazo de 10 años anteriores.
  • Que haya celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Que no haya obtenido este beneficio en los últimos 10 años.
  • Que no haya rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
  • Que acepte de forma expresa que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

¿Cuál es el proceso que sigue la aplicación de la Ley?

El procedimiento consta de dos fases, pudiendo concluir en cualquiera de ellas.

Primera fase: Acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) 

El primer paso es solicitar la apertura del expediente para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos ya que  desde ese momento los acreedores no podrán llevar a cabo ningún acto que suponga una mejora de su situación frente al deudor por lo que se evitará que un acreedor continúe con el requerimiento extrajudicial al deudor o se inicie un procedimiento judicial frente a él, se proceda a la anotación preventiva de embargos, etc.

Posteriormente, el medidador concursal con el consentimiento del deudor y asesorado por el letrado del deudor, y siempre con una antelación mínima de 20 días a la reunión con los acreedores, les remitirá a estos un el plan de pagos desarrollado para su estudio. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la propuesta de acuerdo, los acreedores podrán presentar propuestas alternativas, modificaciones o, incluso podrá presentarse la solicitud de concurso consecutivo si en este plazo los acreedores rechazasen negociar un acuerdo extrajudicial de pagos, siempre que existiera insolvencia actual o inminente del deudor y tras éste  solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho, siempre que el deudor cumpla los requisitos.

Si mediase la voluntad entre las partes de alcanzar un acuerdo, el siguiente paso sería la asistencia a la reunión con los acreedores, la cual puede concluir en acuerdo o no:

1. De alcanzarse acuerdo extrajudicial de pagos entre deudor y acreedores, el procedimiento finalizaría en esta fase y, el deudor deberá cumplir con el calendario de pagos.

Para que se produzca el AEP, es necesario que sea votado a su favor por los acreedores que representen:

  • El 60% del pasivo para quitas menores del 25% con un calendario de pagos de hasta 5 años.
  • El 75% del pasivo para quitas mayores del 25% con un calendario de pagos entre 5 a 10 años.

2. De no alcanzarse acuerdo se procederá a la solicitud del concurso consecutivo o liquidación.

Segunda fase: Exoneración de pasivo insatisfecho (BEPI)

En el caso de rechazarse el plan de acuerdos se continuará el procedimiento solicitando la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juzgado correspondiente, para lo que el deudor deberá cumplir con los requisitos de buena fe, carecer de patrimonio que liquidar o ser éste insuficiente para cubrir las deudas y, que la totalidad de las mismas no superen los 5 millones de euros.

La cancelación  de la deuda se hace definitiva a los 5 años, si bien, la Ley legitima al acreedor concursal  para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se pudiera demostrar que el deudor no ha actuado de buena fe, constatándose la existencia de ingresos, bienes no inembargables o derechos ocultos durante la solicitud. 

Transcurridos los 5 años sin revocación, el Juez del concurso, a petición del deudor dictará auto reconociendo el carácter definitivo de la exoneración

 

FUENTE :ARRIAGA ASOCIADOS